Cuando el hambre llama al Estado
y el Estado consulta su agenda

Hay una forma de violencia que no necesita golpes.

No deja morados. No rompe huesos. No produce escándalo ni convoca cámaras. Se ejerce con tono neutro, con lenguaje técnico, con el respaldo cómodo de un cargo público. Y es precisamente por eso que resulta tan difícil nombrarla: porque quien la ejerce siempre puede decir, con toda la tranquilidad del mundo, que solo hacía su trabajo.

Yo quiero hablar de esa violencia. No en abstracto. De la concreta, fechada, con nombre de institución. De la que viví en el Concello de Allariz a lo largo de varios meses, cada vez que intenté acceder a los servicios sociales municipales en una situación de emergencia real.

Desde el 3 de noviembre de 2022 constaba con domicilio acreditado en una parroquia del Concello de Allariz. Tres años de empadronamiento, de arraigo, de vida ya ocurrida en ese territorio. Durante ese tiempo esperé la resolución de un proceso de nacionalidad española iniciado dentro del país. Una situación administrativa en suspenso, sí. Pero no invisible ni ilegal: con NIE asignado, con domicilio registrado. El Estado me reconocía perfectamente cuando le convenía hacerlo.

Lo que ese limbo administrativo implicaba en la práctica es algo que conviene decir con claridad, porque lo que vino después no puede entenderse sin ello: durante todo ese tiempo no existía autorización legal para trabajar. No era una elección. Era una prohibición. Y eso significaba depender de terceros para subsistir, sin posibilidad de generar ingresos propios, sin poder construir la autonomía que es lo único que realmente se quería.

Lo que más urgía no era la ayuda en sí. Era poder incorporarse a trabajar cuanto antes. Salir del limbo. Contribuir. No depender de nadie. Eso es lo que el sistema no llegó a comprender —o no quiso— en ninguno de los intentos de acceder a sus servicios.

A mediados de diciembre de 2024, esa espera se cruzó con otra realidad: la de no tener nada.

No había ingresos. No había alimentos. No había medicinas. No había calefacción. Veinte kilos menos en menos de tres meses. La persona que prestaba apoyo económico dejó de hacerlo.

Había hambre.

No «inseguridad alimentaria» —la expresión de los informes técnicos que permiten hablar del hambre a distancia prudente—. No «vulnerabilidad socioeconómica» —la jerga institucional que convierte la necesidad extrema en una categoría gestionable—. Hambre. La cosa concreta que lleva siglos existiendo y que todavía, en pleno siglo XXI, en un municipio gallego con servicios sociales activos y presupuesto público, puede quedar sin respuesta durante meses.

Hice lo que se supone que hay que hacer en una sociedad que se dice civilizada: acudir a los servicios sociales.

Para llegar a las oficinas del Concello hubo que pedir ayuda a un vecino. Porque desde la parroquia hasta la villa de Allariz existe un único servicio de transporte público —el mismo que usan los estudiantes—, con una sola frecuencia diaria, y con un coste que, sin recursos, no era posible asumir. La ironía estructural es tan perfecta que casi parece diseñada: para pedir ayuda al sistema, hay que resolver primero el problema que el sistema debería resolver.

En la recepción del Fogar dos Maiores, donde tiene su despacho la trabajadora social del Concello, expliqué la situación: emergencia alimentaria, sin ingresos, sin recursos. Me tomaron los datos y el teléfono. Me dijeron que la trabajadora social se pondría en contacto.

No lo hizo.

Pasó una semana.

Llamé yo.

Le expliqué que no había qué comer, que solicitaba una ayuda de emergencia puntual —no permanente, puntual—, que llevaba más de tres años con domicilio acreditado en ese concello. La respuesta fue que no podían ayudar porque todavía no había ciudadanía española.

Conviene detenerse aquí y nombrar lo que eso significa jurídicamente.

Las Ayudas de Inclusión Social (AIS) de la Xunta de Galicia son prestaciones diseñadas precisamente para gastos extraordinarios urgentes y situaciones de grave emergencia. Entre los requisitos que publica la propia Xunta para acceder a ellas figuran: ser mayor de edad, estar empadronado y tener residencia constatada por los servicios sociales en un ayuntamiento de Galicia. No figura, como requisito, la ciudadanía española. La Ley Orgánica 4/2000 establece, además, que los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. El criterio que me fue aplicado no era solo humanamente inaceptable. Era, en apariencia, contrario a la normativa publicada.

Pero en ese momento no había abogado. No había energía para investigar legislación autonómica. Había hambre y había miedo.

Volví al Fogar dos Maiores varias veces. El 23 de marzo, con la Certificación Literal de Inscripción de nacimiento —el documento que acreditaba la ciudadanía española—, me dijeron que la trabajadora social no estaba. Podía dejar los datos y esperaría llamada. El 27 de marzo, ya con DNI en mano, lo mismo: no estaba, esperaría llamada. Le pregunté a la recepcionista si entendía que esto era una emergencia alimentaria, que había veinte kilos menos en el cuerpo, que era imposible que la agenda de una sola trabajadora social estuviera permanentemente llena en un concello de poco más de seis mil habitantes.

La agenda estaba siempre llena.

La llamada nunca llegaba.

A los tres minutos de salir ese día, sí llegó una llamada. No era la cita. Era la recepcionista para decir que no podían atender, pero que si se quería, se podía ir a comer al comedor del Fogar dos Maiores.

El domicilio está a seis kilómetros. Sin transporte propio. Sin dinero para costear un desplazamiento diario.

La crueldad institucional rara vez se presenta como crueldad. Se presenta como una solución que solo funciona en la imaginación de quien la propone. Una respuesta que permite a la institución sentirse moralmente a salvo sin asumir el esfuerzo real de entender la situación concreta que tiene delante. Ofrecer un servicio al que no se puede llegar no es una alternativa. Es una coartada.

El 31 de marzo logré hablar directamente con la trabajadora social por teléfono. Durante esa conversación, ella misma mencionó que en ese momento estaba atendiendo a otros clientes —sus palabras—. Le señalé que estaba discutiendo datos personales y antecedentes de nuestras interacciones anteriores en presencia de terceras personas. Me respondió que no me tenía en altavoz, que ellos no escuchaban lo que yo decía.

No era ese el problema. El problema era lo que ella decía.

No es un detalle menor. La confidencialidad de los datos de las personas usuarias de servicios sociales está reconocida tanto en la Ley gallega de servicios sociales como en la normativa general de protección de datos. Quien habla de un caso frente a terceros no necesita altavoz para violar esa confidencialidad.

El 6 de abril tuve por fin la entrevista presencial. Al principio fue cordial: orientación sobre el SEPE, información sobre búsqueda de empleo. Luego llegamos al tema de las ayudas. La trabajadora social miró la pantalla, miró la fecha del DNI —expedido el 27 de marzo de 2026— y dijo que para acceder a ciertas prestaciones era necesario acreditar residencia legal en España durante al menos seis meses, y que el DNI era muy reciente.

Le respondí que el DNI no era representativo del tiempo de residencia. Que para eso existía el empadronamiento. Que había más de tres años de domicilio acreditado en ese concello. Que la situación administrativa previa no era de irregularidad, sino de un proceso de nacionalidad en tramitación. Que el documento era reciente, no la presencia.

No sirvió de nada.

Le pedí que iniciara un expediente. Que documentara la situación. Que dejara alguna constancia institucional de la emergencia que llevaba meses describiendo. Me dijo que no haría eso. Le pedí que pusiera por escrito su negativa. Se negó también. Le expliqué que necesitaba esa negativa escrita para poder recurrir, para poder dirigirme a otra instancia, para poder hacer algo distinto a seguir llamando a una puerta que no se abría.

No.

La conversación se deterioró. Le pregunté si entendía las funciones de su cargo, si entendía que era una funcionaria pública al servicio de los habitantes de ese concello, si entendía el significado de las palabras ayuda, emergencia, hambre. Le recordé que su salario proviene, entre otras fuentes, de los impuestos de las personas a las que debe atender.

Su respuesta fue esta:

Quedé en desamparo total.

Lo que el Estado no hizo. Lo que dos vecinos sí hicieron.

Mientras el sistema gestionaba sus agendas, dos matrimonios del mismo pueblo ofrecieron lo que el sistema prometía y no daba: comida, transporte, calefacción. De manera directa, sin formulario, sin cita previa, sin criterio de elegibilidad. Varias veces. Con una generosidad que no tenía ninguna obligación de existir.

A esas personas les estaré eternamente agradecida.

Pero hay algo que no puede dejarse sin nombrar. Esas mismas personas pagan impuestos. Impuestos altos, como todos en este país, bajo la justificación de que el Estado asumirá determinadas funciones: protección, cohesión, amparo en situaciones de necesidad. Cuando el Estado no asume esas funciones, los ciudadanos particulares terminan cubriéndolas con su tiempo, su dinero, su comida, su gasolina. Pagan dos veces. Una al fisco. Otra a quien el fisco abandonó.

Eso no es generosidad excepcional. Es el resultado predecible de un sistema que falla y espera que la solidaridad privada cubra sus agujeros sin que nadie tenga que dar explicaciones.

Ahí está uno de los mecanismos más opacos de cierta administración: no solo puede fallarte. Puede fallarte sin dejar rastro. Y lo hace con la tranquilidad de quien sabe que quien necesita ayuda suele llegar sin abogado, sin grabaciones, sin energía para sostener un conflicto, y que su palabra siempre llegará en desventaja frente a la de un cargo institucional.

La palabra propia salió desnuda. La suya salió revestida de autoridad.

Y sin rastro escrito, esa asimetría no tiene corrección posible.

Tres preguntas que el Concello de Allariz debería poder responder

Podría presentar esto como el conflicto entre alguien desesperado y una funcionaria concreta. Sería más tranquilizador, porque permitiría pensar que el problema se resuelve cambiando a una persona. Pero sería también incompleto.

Lo que esta experiencia describe no es un accidente. Es una estructura. Y esa estructura produce las tres preguntas siguientes, que no son retóricas.

Primera: ¿Qué perfil se exige para ocupar esa plaza?

Hay cargos cuya función técnica es inseparable de una capacidad humana básica: la de entender la complejidad de la situación del otro antes de clasificarla. Un servicio social no es una ventanilla de trámites. Es el punto de entrada al sistema para quien más lo necesita, es decir, para quien ya llega con los recursos agotados. La persona que ocupa esa puerta no puede ser la antítesis de lo que la puerta promete. No se puede gestionar la exclusión social desde la incapacidad de percibir lo que la exclusión social es. Y cuando alguien que lleva meses describiendo una emergencia alimentaria recibe como respuesta burla y sarcasmo, la pregunta no es solo sobre esa persona concreta: es sobre qué criterios se usaron para colocarla exactamente ahí.

Segunda: ¿Ante quién responde ese departamento?

En ninguno de los intentos de acceder a los servicios sociales del Concello de Allariz se pudo obtener una respuesta clara sobre quién supervisaba ese servicio, ante qué instancia se podía reclamar, a qué organismo estaban obligados a rendir cuentas. La respuesta fue, en todos los casos, una variación de «el Concello». Sin más datos. Sin nombre, sin departamento, sin vía concreta. Como si el organismo supervisor fuera la propia edificación donde trabajan.

Eso no es desinformación menor. Es la ausencia de una cadena de responsabilidad visible para quien la necesita. Y sin esa cadena visible, el sistema de citas, las decisiones verbales sin respaldo escrito y las negativas sin resolución formal operan en un vacío donde el error no tiene consecuencias y el abuso no tiene nombre.

Tercera: ¿Quién evalúa si la puerta de entrada está funcionando?

Un sistema donde la decisión de ayudar o no ayudar depende exclusivamente del criterio y el carácter del funcionario de turno, sin supervisión real, sin auditoría, sin protocolo verificable para emergencias reiteradas, no es un sistema. Es un régimen de arbitrariedad con presupuesto público. Y la arbitrariedad tiene un efecto estructural muy concreto: selecciona. No sobreviven los casos más graves. Sobreviven los que todavía tienen fuerzas para insistir.

Ese mecanismo de selección es especialmente perverso precisamente en el punto más sensible del sistema: quien llega a servicios sociales, por definición, es quien ya no tiene fuerzas de sobra. Exigirle que persiga al sistema para que el sistema lo atienda no es rigor administrativo. Es crueldad con procedimiento.

Varios habitantes del concello, en conversaciones privadas y con la cautela de quien sabe que aún puede necesitar esos mismos servicios, han descrito situaciones similares. No lo dicen en voz alta. No lo dicen en público. Porque dependen de la estructura que tendrían que criticar, y eso convierte el silencio en una forma de supervivencia que el sistema también ha aprendido a administrar.

• Que llevas años empadronado en un concello no significa que el sistema te reconozca cuando lo necesitas. Solo cuando le conviene.
• Que la normativa gallega de AIS no exige ciudadanía española no significa que ese criterio no te sea aplicado verbalmente, sin papel, sin recurso.
• Que tienes derecho a una valoración social y a un expediente orientador no significa que te lo vayan a abrir si quien tiene esa potestad decide no hacerlo.
• Que un servicio público existe no significa que funcione igual para todos. A veces funciona para quien tiene paciencia, red, energía. No para quien tiene hambre.
• Que el sistema tiene presupuesto no garantiza que ese presupuesto llegue a quien lo necesita si la puerta de entrada decide, oralmente y sin consecuencias, no abrirse.